La llamada vivienda social

Cada día que pasa la lista de personas con necesidades de vivienda habitacional se dispara. Familias, incluso gente económicamente estable que hasta ahora eran capaces de hacer frente a unos alquileres (nada baratos), como el resto del coste de la vida, cada vez se van desplazando fuera de las urbes y de los pequeños núcleos urbanos hasta las distintas periferias de las mismas. Ahora ya no hay tanta diferencia entre periferias porque el acceso a la vivienda se ha puesto en modo producto de lujo. Y si consigues alguna de titularidad privada, prácticamente después de dejarte con un roto tu capacidad de ahorro, tardarás mucho tiempo y sacrificio en recuperarte “del palo”, pues te das cuenta de que la misma tampoco era para tanto.

Alguno/alguna y/o algune se estará preguntando ¿y la reserva que hay del 30% aprobada por los partidos políticos mediante la cual ese tanto por ciento debe ser de vivienda “social” o de protección, relativo a las nuevas construcciones? Pues la respuesta para todas aquellas personas que al menos se lo han llegado a plantear es que un 30% de nada es igual a nada. Y no lo digo yo, lo dicen las matemáticas.

Durante los últimos años, las políticas de la Generalitat para ofrecer vivienda social no han sido las más adecuadas. Claro está que se debe realizar mediante la colaboración público-privada pero, al menos, tienen que aparecer empresas dispuestas a realizar las mismas. Para que se ejecuten proyectos y se construya vivienda, de la cual el 30% sea social, se tiene que atraer a empresarios, puesto que la Generalitat no tiene dinero para construir toda la vivienda demandada y la que se va a seguir demandando, porque no es que se vea tendencia a que esa demanda sea siempre menor, todo lo contrario. Al final, la vivienda social terminará siendo rara avis. No, la realidad es que ya lo es.

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